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¿Informe inclusivo? Manolo Jiménez da su primer informe como gobernador

Si bien, no es una obligación tener un intérprete de lengua de señas, el gobernador Manolo Jiménez marca un hito con la inclusión en el estado al incluir uno en su primer informe de resultados.

Por: Ana Escobedo

SALTILLO, Coahuila. En un hecho sin precedentes en la historia de Coahuila, el Gobernador Manolo Jiménez incluyó por primera vez a una intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en su primer informe de gobierno, marcando un hito hacia la inclusión y el acceso igualitario a la información.

Este gesto, aunque no obligatorio por ley, responde a un compromiso con la inclusión social y la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, alineándose con las tendencias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y comunicación inclusiva.

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¿Por qué es un paso a la inclusión?

La inclusión de una intérprete de LSM durante el informe es un reflejo del avance en prácticas gubernamentales en México, que buscan garantizar que todas las personas puedan acceder a la información pública. Aunque no existe una legislación que obligue a incluir esta herramienta en los informes de gobierno, el marco legal establece un fuerte fundamento para promover esta práctica:


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¿Cuál es el impacto político y social de tener un informe con LSM?

Manolo Jiménez se suma a una creciente lista de líderes que adoptan medidas inclusivas en eventos oficiales, fomentando un modelo de gobernanza que pone en el centro a todos los ciudadanos, sin importar su condición.

Este enfoque no solo fortalece la imagen de su administración como moderna y sensible, sino que también envía un mensaje de respeto hacia las personas con discapacidad auditiva en Coahuila.

 

¿Por qué es importante incluir la LSM?

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El primer informe de Manolo Jiménez no solo destacó por los logros de su administración, sino también por la implementación de medidas inclusivas como la presencia de un intérprete de LSM. Este avance coloca a Coahuila como un referente en la promoción de prácticas que garantizan el acceso universal a la información, un derecho esencial para todos los ciudadanos.